Se identificó que las autoridades de los gobiernos locales venían desarrollando procesos de presupuesto participativo con escasa transparencia, prueba de ello se evidenció en las postergaciones permanentes de las fechas programadas para el desarrollo de este proceso, incumplimiento de los cronogramas establecidos según la normatividad; asimismo, la priorización de los proyectos, en algunos casos, era orientada con fines políticos; este problema se debía principalmente a la falta de interés de las autoridades para transparentar los presupuestos participativos, pero también a la débil participación de los comités de vigilancia.