(5-Nov-2009) En la actualidad existe un consenso general de que el sistema educativo, tal como ha venido funcionando, no está cumpliendo de manera satisfactoria con los objetivos para los cuales fue concebido. Los pobres resultados de las últimas evaluaciones a maestros y estudiantes justifican esta apreciación. Consideramos que parte del debate público generado por este escenario1, debería pasar necesariamente por el reconocimiento de un elemento que juega un rol indiscutible: la corrupción como factor relevante en la vulneración del derecho a la educación.

En ese sentido, debemos empezar por reconocer que la complejidad y el tamaño del sector educación lo hace sumamente vulnerable a la proliferación de actos de corrupción en los diferentes niveles y ámbitos institucionales que lo conforman.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el gran impacto que la administración de este sector genera en la opinión pública. Por tratarse de un servicio público básico, los usuarios son especialmente sensibles respecto a los actos de corrupción, ya que estos implican serias consecuencias para la provisión del servicio educativo. Por ello la percepción general de la población -tanto los propios funcionarios del sector como los ciudadanos comunes- es que la corrupción se encuentra enquistada en las bases mismas del sistema.

De acuerdo al estudio efectuado por Proética y la Defensoría del Pueblo2, el sector Educación y las distintas instituciones que lo conforman son especialmente sensibles a los tres grandes riesgos de corrupción identificados; falta de transparencia, debilidad en el control y sanción, y escasa participación ciudadana. Estos riesgos preparan el terreno para la reproducción de diversos problemas de corrupción, siendo el más común el manejo irregular de las plazas del personal docente.

Siendo ello así, dos de los grupos regionales que formaron parte de la Escuela Nacional Anticorrupción, (Ayacucho y Arequipa), señalaron que este tipo de irregularidades eran el principal problema de corrupción en su localidad. Al respecto, indicaron que el manejo de plazas en las UGEL era un problema que afectaba directamente la calidad de la enseñanza dado que no siempre los profesionales más preparados/capacitados acceden a las plazas establecidas.

En cuanto a las propuestas en sí, en el caso de Ayacucho el objetivo principal es contribuir a transparentar el proceso de contratación de docentes para el año escolar 2010 en la UGEL – Huamanga a través de la implementación y uso de mecanismos de transparencia y acceso a la información. En el caso de Arequipa el proyecto esta dirigido a reducir los riesgos de irregularidades en los procesos de reasignaciones y contratación de personal de la UGEL Arequipa Norte y Arequipa Sur.

El hecho de que ambos grupos escogieran como base de su propuesta de intervención el monitoreo o vigilancia del manejo de plazas de personal docente, nos brinda un indicador muy claro de cuán extendido está este problema a nivel nacional. De igual manera, ha sido muy interesante identificar en ambas propuestas un gran interés por implementar mecanismos de selección transparentes en las instancias superiores y más aún a nivel de las instituciones educativas, que permitan en última instancia prevenir actos irregulares y contar de esa manera con una educación de calidad.

Otro aspecto relevante es que ambas estrategias comprenden a todos los actores involucrados en el sector, tanto funcionarios como usuarios a través de un conjunto de acciones. Estas propuestas incluyen campañas de sensibilización sobre las consecuencias del manejo irregular de plazas, el desarrollo de capacidades básicas para la vigilancia y lucha anticorrupción para ser aplicadas en la veeduría de los procesos identificados y la canalización de denuncias de corrupción por parte de los usuarios de los servicios educativos.

Existe un gran interés de estos grupos en conocer la manera en que se manifiesta la corrupción educativa, pero aún tienen como reto pendiente profundizar más ese conocimiento. Sin embargo, es sumamente positivo que hayan optado por iniciar el camino y sean los abanderados en un rubro tan sensible como el educativo, en un contexto sin precedentes y novedoso en nuestro país: La Red acional Anticorrupción. Sólo nos resta decir ¡A trabajar!